noviembre
17
2014
Aspectos legales a considerar

 

Gaceta OficialDurante el mes de noviembre el Ejecutivo Nacional realizó la firma de varias Leyes y reformas de Leyes, entre las más importantes para nuestro sector están:

Aumento de Sueldo mínimo del 15% a partir del 1ero de diciembre, y Reforma de la Ley del Bono de Alimentación, publicados en Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6.147 del 17/11/2014
A partir del 1ero. de noviembre aumentó el valor del Impuesto de salida del país, al ser aprobada la Ley de Timbres Fiscales del Edo. Vargas, quedando ahora en 4 Unidades tributarias.
Las Leyes Habilitantes mas resaltantes al sector:

Decreto 1.397 Reforma de la Ley de Tasas Portuarias (Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6.150)

Decreto 1.398 Reforma de la Ley de Timbres Fiscales (Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6.150)

Decreto 1.403 Reforma de Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos (Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6.150)

Decreto 1.413 Reforma para la Promoción y Desarrollo de la pequeña y mediana industria (Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6.151 y corregido en Gaceta Oficial 40.550 del 27/11/2014) Anexamos nota de prensa del cambio de parámetros.

Decreto 1.415 Ley antimonopolio. (Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6.151) Anexamos Nota de detalles de la Ley

Decreto 1.423 Reforma de Ley de Simplificación de Trámites Administrativos (Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6.149)

Decreto 1.434 Ley del Código Orgánico Tributario (Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6.152)

Decreto 1.435 Reforma de Ley del Impuesto sobre la Renta (Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6.152)

Decreto 1.436 Reforma de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6.152)

Decreto 1.438 Ley de Inversiones Extranjeras (Gaceta Oficial Extraordinaria Nro. 6.152)
Reglamento del Decreto de Ley Orgánica de Aduana sobre las Tasas Aduaneras. (Gaceta Oficial Nro. 40.555 de fecha 04/12/2014)
Circular del Banco Central de Venezuela del 02/12/2014, con la disminución de requisitos para el SICAD 2.
Todas las Gacetas aquí mencionadas están en Digital en nuestra Sede, de estar interesados solicitarla via correo

Pymes y cooperativas quedan exceptuadas en la nueva ley antimonopolio

En la Gaceta Extraordinaria N° 6.151 salió publicada este lunes el decreto con rango, valor y fuerza de Ley Antimonopolio, firmado por el presidente Nicolás Maduro vía Habilitante.
La ley publicada señala que son sujetos a este decreto las personas naturales o jurídicas de carácter público o privado, nacionales o extranjeras con o sin fines de lucro, que realicen actividades económicas en el territorio nacional.

Quedan excluidas de la aplicación de esta ley las organizaciones de base de poder popular regidas por la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal; las empresas públicas o mixtas de carácter estratégico, las empresas estatales de prestación de servicios públicos.

La herramienta jurídica señala que quedan prohibidas las conductas, prácticas, acuerdos, convenios, contratos o decisiones que impidan, restrinjan, falseen o limiten la competencia económica.

Asimismo se prohíben los acuerdos o convenios, que se celebren directamente o a través de uniones, asociaciones, federaciones, cooperativas y otras agrupaciones de sujetos de aplicación de este Decreto que restrinjan o impidan la competencia económica entre sus miembros.

Son nulos los acuerdos o decisiones tomados en asambleas de los sujetos de aplicación de este decreto que restrinjan o impidan la competencia económica.

La norma señala que quedan prohibidas las concentraciones económicas que produzcan o refuercen una posición de dominio en todo o parte del mercado o que puedan generar efectos contrarios a la competencia efectiva, la democratización en la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios.

Quedan exceptuadas de la aplicación de este artículo, las pequeñas y medianas empresas, cooperativas, así como las contempladas en el sistema de economía comunal.

Son prohibidas las siguientes prácticas:

1. La imposición discriminada de precios y otras condiciones de comercialización o deservicios.

2. La limitación injustificada de la producción, de la distribución o del desarrollo técnico o tecnológico en perjuicio de las empresas o de los consumidores

3. La negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra de productos o de prestación de servicios

4. La aplicación de relaciones comerciales o de servicios, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación de desventaja frente a otros,

5. La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos del comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos.

Prohibiciones particulares:

Se prohíben las actuaciones o conductas de quienes, no siendo titulares de un derecho protegido por la Ley, pretendan impedir u obstaculizar la entrada o permanencia de empresas, productos o servicios en todo o parte del mercado.

Se prohíbe toda conducta tendiente a manipular los factores de producción, distribución, comercialización, desarrollo tecnológico o inversiones, en perjuicio de la competencia económica.

Además la ley refiere que se tendrá como personas vinculadas entre sí las siguientes:

1. Personas que tengan una participación del 50% o más del capital de la otra o ejerzan de cualquier otra forma el control sobre ella.

2. Las personas cuyo capital posea 50% o más, de las personas indicadas en el ordinal anterior, o que estén sometidas al control por parte de ellas.

3. Las personas que, de alguna forma estén sometidas al control de personas que se señalan en los numerales anteriores.

Fuente: Boletín Cámara Ferretera

Nueva ley cambia parámetros para definir a la pequeña y mediana industria

El universo de la pequeña y media industria se verá incrementado de manera considerable tras la reciente reforma de la ley que rige la promoción de este sector, toda vez que el texto legal en cuestión cambió los parámetros que se utilizan para medir el tamaño de una unidad productiva.

Así lo establece en Decreto 1.413 que contempla la Reforma de Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria y Unidades de Propiedad Social, en cuyas definiciones se estipula que “se considerará pequeña industria a aquellas que tengan una nómina promedio anual de hasta 50 trabajadores y con una facturación anual de hasta 200.000 unidades tributarias”.

Esto significa un incremento de 100% en la facturación anual necesaria para catalogar a una productora como pequeña industria, según los parámetros que estuvieron vigentes desde el 15 de julio de 2008, cuando fue promulgada la ley que fue reformada esta semana.

Una consideración similar priva en el caso de las medianas industrias, que en lo sucesivo serán aquellas que tengan una nómina de entre 51 y 100 trabajadores, y cuya facturación anual esté comprendida entre 200.001 y 500.000 unidades tributarias.

En términos más sencillos, esto significa que muchas industrias hasta ahora consideradas como grandes pasarán a ser tomadas como pymis, e incluso un buen lote pasará a engrosar las filas del tejido microindustrial, una categoría regida por una normativa distinta que, al menos en teoría, ofrece ventajas para el desarrollo de este tipo de unidades de producción.

De hecho, una de las ventajas que tienen las unidades de producción de formato más pequeño se centra en las facilidades para la obtención de financiamiento, pues las condiciones para el otorgamiento de créditos se simplifican de acuerdo con el tamaño de la industria. También repercute en incentivos fiscales, mejores condiciones para propiciar la transferencia tecnológica y la obtención de materia prima.

Estas condiciones serán aún más ventajosas para las industrias que pasarán a formar parte del tejido microindustrial, dado el especial tratamiento que recibirán tras la publicación de la nueva nomenclatura.

Cambio de manos

El decreto promulgado por el presidente Nicolás Maduro en el marco de la Ley Habilitante y publicado en Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.151, traslada las competencias de promoción a las pymis del Ministerio de las Comunas al de Industrias, un cambio más que lógico tomando en cuenta que es esta la cartera que maneja todo lo concerniente al desarrollo industrial de la nación.

Aspecto que no puede pasar desapercibido es la eliminación del concepto de cooperativa como una variante de la unidad de producción social, como establecía la ley reformada. En contraparte, se incluyen las empresas de propiedad social comunal o indirecta en esta categoría.

Del mismo modo, se establece la aplicación de medidas temporales de resguardo de bienes cuando se sospeche una situación de pérdida o deterioro de activos adquiridos con financiamiento especial otorgado a la industria por su condición de pymis, a fin de garantizar la recuperación del patrimonio público.

El Inapymi también podrá, a partir de ahora, recuperar los bienes de las industrias que haya financiado en situación de atraso, lo que abre la puerta para la posible confiscación de activos en caso de reestructuración o refinanciamiento.

Otro aspecto a destacar es la exención de impuestos, tasas y contribuciones para trámites notariales realizados por el Instituto Nacional de Desarrollo de la Pequeña y Mediana Industria (Inapymi), lo que en teoría significa destinar esos recursos a las labores propias del instituto.

De igual forma, la reforma a la ley establece la extensión de la taquilla única para realizar trámites administrativos en una misma dependencia, una figura que hasta ahora estaba presente solo en las principales ciudades.

En cuanto a las sanciones por desviación de recursos otorgados por Inapymi, la ley mantiene en 10 años el lapso que deberá esperar el infractor de esta norma, mientras que el reincidente quedará excluido por 15 años de cualquier posibilidad de obtener estos beneficios.

Por último, y no menos importante, cabe destacar que el decreto que establece la reforma legal deberá ser reimpreso por error, pues el artículo que fija la sanción por reincidencia en la desviación del financiamiento otorgado por el Inapymi remite a los artículos 40 y 41 de una ley cuyo articulado solo contempla 39 puntos.

Fuente: El Mundo Jesús Hurtado jhurtado@grupo-un.com

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